Si bien padecía un serio endeudamiento con la honestidad, el capitán del barco no les había mentido al justificar la grosera estafa del cambio de rumbo. Un mes antes de que Martín Zamora se enterase en medio del océano de que no iba hacia La Habana como era su deseo, el presidente Franklin Pierce, convencido de que “el destino de la isla de Cuba tiene que ser siempre extremadamente interesante para el pueblo de los Estados Unidos y vital para su seguridad”, instruyó a sus embajadores en Madrid, en París y en Londres, para que se reuniesen en secreto y estimasen seriamente la posibilidad de hacerle una oferta de compra a la empobrecida corona de España.
La reunión, entre putas francesas, borracheras descabelladas y papeles lacrados, duró una semana y se realizó en dos tramos: el primero en la ciudad belga de Ostende, y el segundo en la prusiana Aix-la-Chapelle. Pero antes de abordar la segunda reunión, tanto el tema “secreto” como el despilfarro de los tres embajadores ya habían trascendido y escandalizado a la diplomacia europea, aunque nada impidió que el quince de octubre de mil ochocientos cincuenta y cuatro, estamparan sus firmas sobre aquel “manifiesto de Ostende”, un engendro descarado que concluía con la “absoluta convicción de que el gobierno de los Estados Unidos debe hacer un esfuerzo inmediato y diligente por comprar Cuba a España”.
En un pasaje del documento, aquellos tres piratas de levita razonaban con envidiable seriedad y equilibrio mientras vaciaban botellas de brandy y perseguían prusianas desnudas por los jardines:
“Cuando ofrezcamos a España un precio por Cuba que sea mayor que su valor presente, y esta oferta sea rechazada, será el momento de plantearse la pregunta: Cuba, en posesión de España, ¿representa un serio peligro a nuestra paz interior y a la existencia de nuestra amada Unión?
Si esta pregunta se contesta de forma afirmativa, entonces, toda ley, divina o humana, justificará que liberemos ese territorio de España, si es que tenemos el poder. Y esto basado en el mismo principio que justificaría que un individuo tirara abajo la casa en llamas de su vecino si no dispusiera de otros medios para evitar que las llamas destruyeran su propia casa.
En esas circunstancias, no deberíamos tener en cuenta los costos, ni considerar lo que España pudiera oponer en contra nuestra. Nos debemos abstener de entrar en la cuestión de si la presente situación de la isla justifica una medida semejante. Sin embargo, no cumpliríamos con nuestro deber ni seríamos merecedores de nuestros bizarros antepasados, traicionándonos ante la posteridad, si permitiésemos que Cuba se africanice y se convierta en un segundo Santo Domingo, con todos sus horrores para la raza blanca; y que sus llamas se extendiesen a nuestras costas vecinas, poniendo en serio peligro, o consumiendo, la blanca textura de nuestra Unión.
Tememos que el curso y la dirección de los acontecimientos tiendan rápidamente hacia una catástrofe de esa naturaleza. Sin embargo, tenemos esperanzas en lo mejor, aunque debemos estar preparados para lo peor…”